El derecho a elegir: cannabis y dignidad humana
- Álvaro Ramos Gómez
- 29 ago
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Hablar del consumo de cannabis en muchos contextos es como hablar de Derechos Humanos. Derechos, que conocemos como defensores de ciertas garantías básicas entre las que podríamos destacar las siguientes: La capacidad de tener acceso a información veraz, servicios sanitarios, ser tratado dignamente, etc. A día de hoy, muchas personas que aprecian el cannabis por sus propiedades medicinales cuya efectividad para tratar ciertas enfermedades es innegable introducen en la ecuación de los Derechos Humanos las prohibiciones contra la planta y su derecho personal a poder elegir y tener acceso a ese tratamiento si el individuo lo considera conveniente. Para ser conscientes del estado en el que se encuentra el panorama cannábico de manera internacional en este artículo repasaremos las diferentes razones por las que muchas personas consideran que el acceso al cannabis debería estar garantizado por parte del Estado a aquellos que lo necesitan.
En primer lugar, la criminalización de la posesión y el consumo pueden tener efectos sociales acumulativos que ocurren en países como España, que a nivel legislativo se podría decir que se encuentra en un punto neutro respecto al cannabis. Los antecedentes penales pueden dificultar el acceso a empleo, vivienda o educación, y alimentan la estigmatización de comunidades ya vulnerables. Diversas organizaciones de derechos humanos como Humans Rights Watch han subrayado que las sanciones penales por consumo producen daños sociales y raciales desproporcionados, por lo que proponen alternativas centradas en la salud pública, por supuesto, debiendo tener estas medidas un enfoque reparador respecto a los condenados (Amnistías, eliminación de antecedentes, políticas de reinserción…).
El segundo argumento más utilizado para defender la postura favorable al cannabis es el que emplea el derecho a la salud, que obliga a los Estados a garantizar opciones seguras y basadas en evidencia para aquellos enfermos que podrían beneficiarse del cannabis con fines terapéuticos. La Organización Mundial de la Salud ha actualizado sus recomendaciones sobre sustancias relacionadas con el cannabis, reconociendo su potencial medicinal y pidiendo políticas que equilibren acceso, prevengan y adviertan de los posibles daños. Esto implica regular calidad, información clara sobre riesgos y facilitar tratamientos alternativos cuando haya problemas de consumo.
La tercera razón; muchas personas creen que la privacidad y la libertad individual son principios que el Estado no debe quebrantar bajo ninguna circunstancia sin una justificación proporcional. Registros masivos, detenciones por porte mínimo o inspecciones invasivas son medidas que atentan contra la vida privada de las personas y suelen terminar justificadas en prejuicios más que en pruebas de riesgo real. Por ello, la despenalización del consumo personal y la limitación de intervenciones punitivas son pasos coherentes con los estándares internacionales de derechos, sobre todo cuando hablamos de una planta que tiene un aspecto medicinal tan importante y fácil de demostrar su prescripción como el cannabis.
Los consumidores de cannabis no son criminales, ni vagos o maleantes, son personas con derechos. Abordar el tema desde la perspectiva de derechos humanos no significa ignorar riesgos, sino priorizar respuestas que protejan vidas, reduzcan estigmas, reparen injusticias y permitan vivir mejor. El discurso es clara: despenalización donde proceda, acceso sanitario, no discriminación y reparaciones reales para quienes cargan con las consecuencias de la guerra contra el cannabis. El derecho a elegir: cannabis y dignidad
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